Gobernanza financiera y brechas de género en el cooperativismo ecuatoriano
Resumen
Introducción
En las últimas décadas, América
Latina ha emergido como un epicentro analítico fundamental para examinar la
respuesta de los movimientos feministas ante la confluencia de diversas crisis
económicas, políticas y de cuidados. En este marco, el concepto de género
constituye una categoría analítica central, en tanto, como define Garcia (2024,
45), “alude a los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida,
comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en
particular construye y asigna a varones y mujeres”. En consecuencia, las
nociones de hombre y mujer corresponden al ámbito del sexo, mientras que lo
masculino y lo femenino remiten a construcciones propias del género.
Desde esta perspectiva estructural,
refuerzan destacan Del Pozo y Coheloso (2026, 89), “la crisis ocasionada por el
COVID agravó las desigualdades estructurales derivadas de un sistema
patriarcal, heteronormativo y capitalista e impactó negativamente en las
mujeres, especialmente en aquellas en riesgo de exclusión social”. En esta
misma línea, Bayly, Ramírez y Morita (2023, 15) señalan que las diferencias
sociales entre hombres y mujeres “mayor esperanza de vida, pausas laborales por
embarazo, responsabilidades de cuidado y menor acceso a activos” se articulan
con una baja formación en la toma de decisiones económicas, lo que genera una
mayor vulnerabilidad y disposición a la pobreza.
Este contexto se evidencia en la
19.ª edición del informe sobre la brecha de género global, el cual analiza la
paridad en cuatro áreas fundamentales: participación económica y oportunidades,
educación, salud y supervivencia, y empoderamiento político. El estudio incluye
148 economías que abarcan cerca de dos tercios de la población mundial. Según
el informe de World Economic Forum (2025), la brecha de género a nivel global
se ha reducido al 68,8%, reflejando un avance gradual pero sostenido.
En Ecuador, el informe del MPCEIP
(2025), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) –
ENEMDU, muestra que la Población Económicamente Activa (PEA) a septiembre de
2024 presenta claras brechas de género en la participación laboral: los hombres
representan el 58 % de la PEA, mientras que las mujeres alcanzan apenas el 42
%. En cuanto al empleo, el 59 % de las personas ocupadas corresponde a hombres
y el 41 % a mujeres; por otro lado, dentro de la población desempleada, las
mujeres constituyen el 57 % frente al 43 % de hombres. Estos datos reflejan la
persistencia de barreras estructurales que restringen la incorporación de las
mujeres en sectores formales y de mayor productividad.
Llerena (2024) señala que, pese a
avances en la reducción de las brechas de género, aún persisten estructuras
sociales que limitan las oportunidades y la participación de las mujeres en
ámbitos políticos, económicos y laborales. En este marco, el World Economic
Forum (2025) indica que tres regiones podrían cerrar la brecha en el próximo
siglo, destacando América Latina y el Caribe, que alcanzaría la paridad en 57
años tras avanzar 8,6 puntos porcentuales desde 2006. Europa y América del
Norte lo harían en 76 y 89 años, respectivamente, mientras que Asia Central,
Oriente Medio y África del Norte enfrentarían plazos más largos de 208 y 185
años. Asimismo, países como Bangladesh, Ecuador, Etiopía, México y Arabia Saudí
muestran avances acelerados, evidenciando que el progreso varía según las
dinámicas regionales y nacionales.
Aunque la igualdad y la diversidad
son conceptos distintos, la segunda funciona como una herramienta estratégica
para fortalecer la equidad de género. Esta relación es respaldada por la Agenda
2030, cuyo “ODS 5 reconoce la igualdad de género no solo como un derecho humano
fundamental, sino como un pilar clave para la prosperidad y sostenibilidad
global” (García 2024, 47). Asimismo, Hernández (2024) señala que las
oportunidades laborales continúan favoreciendo a los hombres, mientras
persisten creencias que limitan el liderazgo femenino, evidenciando barreras
estructurales y estereotipos de género. En este sentido, se destaca que “las
oportunidades laborales favorecen a los hombres, mientras persisten creencias
que limitan el liderazgo femenino”, lo que refuerza la necesidad de que las
organizaciones adopten estrategias inclusivas, promuevan la igualdad, impulsen
el desarrollo del talento femenino y aseguren entornos laborales libres de
acoso y discriminación Hernández (2024, 1).
En consecuencia, González (2024, 27)
plantea que “el empoderamiento es un proceso y, al mismo tiempo, una meta y
estrategia para la igualdad de género”, y que “no es otorgado, sino que surge
del interior”, por lo que debe promoverse respetando su carácter individual y
de largo plazo. Esto resalta que el empoderamiento requiere acompañamiento
continuo y condiciones que faciliten su desarrollo progresivo. Por su parte,
Mier y Ruales (2025) señalan que la brecha de género en la inclusión financiera
limita el acceso de las mujeres a servicios formales en América Latina y el
Caribe, restringiendo sus oportunidades económicas y sociales; sin embargo,
también representa una oportunidad de mercado para las entidades financieras.
En este sentido, cerrar esta brecha no solo impulsa la equidad, sino que
también favorece el crecimiento económico inclusivo (Mier y Ruales 2025).
No obstante, la inclusión aún
presenta múltiples formas de exclusión. Jaramillo y Céspedes (2020, 1)
advierten que el Comité CEDAW[1] “tiende a centrarse en la
explotación de la prostitución y el tráfico”, reflejando una visión limitada
que reduce la complejidad de las realidades femeninas¸ gerenarndo esta visión
limita enfoques integrales que consideren derechos y condiciones estructurales.
En la misma línea, Galindo, De la Varga y Ciruela (2012, 118) señalan que “la
falta de profesionalización… dificulta el acceso de la mujer a cargos de
poder”, por lo que proponen que “la mujer participe de manera activa, sin
relegar su papel a una presencia simbólica”, destacando la necesidad de una
inclusión efectiva y no solo formal (Galindo, De la Varga y Ciruela 2012, 118).
En coherencia, Enriquez et al.
(2024, 205) destacan que la gobernanza inclusiva, apoyada en normas como ISO
26000, fortalece la igualdad de género mediante transparencia y responsabilidad
organizacional. Esto permite generar entornos más equitativos y sostenibles
dentro de las instituciones. Bajo esta lógica, Vergara (2019) indica que el
cooperativismo amplía la inclusión financiera, especialmente en sectores
vulnerables, requiriendo enfoques de género en la regulación y acción estatal.
Así, Pereira, Del Pozo y Coheloso (2026) advierten que es responsabilidad del
Estado, el tercer sector y las empresas gestionar la complejidad de la
desigualdad de género mediante políticas más efectivas de conciliación,
incentivos a la contratación y un compromiso real con la responsabilidad social
empresarial. Asimismo, destacan el papel clave de la educación social para
sensibilizar a la sociedad y promover entornos más justos e igualitarios (Pereira,
Del Pozo y Coheloso 2026).
En Ecuador, el marco normativo en
materia de género se estructura de manera articulada entre distintos cuerpos
legales que, en conjunto, buscan garantizar la igualdad, la inclusión y la
protección de derechos. La Constitución de 2008 (arts. 11 y 66) establece como
principios fundamentales la igualdad y la no discriminación, los cuales
constituyen la base del ordenamiento jurídico y se fortalecen con la LOIPEVCM
(2018, art. 156), que consolida un marco de protección integral frente a la
violencia de género. En esta misma línea, el COIP (2014) tipifica y sanciona el
femicidio (art. 141) y la violencia intrafamiliar (arts. 155–158), reforzando
la respuesta penal frente a estas formas de violencia. De manera
complementaria, la LOGIDC (2016, art. 94) reconoce la autopercepción de género,
ampliando el reconocimiento jurídico de la diversidad y fortaleciendo el
enfoque de derechos.
En el ámbito económico, el COMF
(2014, art. 4) establece la primacía del ser humano sobre el capital como
principio rector del sistema financiero, mientras que su art. 36 promueve la
inclusión financiera con especial énfasis en mujeres en situación de vulnerabilidad,
con el fin de reducir brechas estructurales de acceso. En el sector
cooperativo, la normativa de la SEPS (2021) impulsa la equidad mediante el
acceso a servicios, la transparencia y la participación de las mujeres, enfoque
que se refuerza con la disposición de la SEPS (2024), orientada a disminuir las
brechas de género y a promover el diseño de productos financieros inclusivos. De
forma articulada, estas normativas consolidan una gestión financiera orientada
a la equidad y la inclusión.
A nivel comparado, los avances en
gobernanza de género muestran trayectorias desiguales. En este contexto, García
(2024, 63) evidencia que la efectividad normativa depende de la voluntad
institucional, mientras que Anzorena y Serú (2026, 54–55) destacan la
naturaleza no lineal de las políticas de género en Argentina. En esta misma
línea, Hernández (2024) subraya que “es fundamental que las organizaciones
tengan la voluntad de revisar sus políticas para identificar y eliminar los
sesgos de género”, y que “para avanzar en la equidad de género en el liderazgo,
es imprescindible adoptar un enfoque interdisciplinario… Hernández (2024,
25–26)”
Desde una perspectiva social, se
observa que la gobernanza de género y las políticas de inclusión presentan
tensiones estructurales entre normativa, voluntad institucional y contexto
político. En el ámbito cooperativo europeo, García (2024, p. 63) evidencia
asimetrías territoriales en la implementación de políticas de igualdad,
señalando que la consolidación del enfoque de género “depende de la voluntad
institucional que refuerce el mandato legal”. En América Latina, Anzorena y
Serú (2026) explican que el mecanismo de género en Argentina atravesó cambios
irregulares entre 1987 y 2024, influido por la política y las tensiones con el
feminismo “tuvo una trayectoria no lineal desde su creación en 1987 hasta su
disolución en 2024”. Su alcance varió entre la ampliación de derechos y
funciones más limitadas, contribuyendo igualmente a transformar la
institucionalidad estatal en materia de género (Anzorena y Serú 2026, 54-55).
En esta misma línea, Hernández
(2024, 25–26) enfatiza que “es fundamental que las organizaciones tengan la
voluntad de revisar sus políticas para identificar y eliminar los sesgos de
género”, y que el avance hacia la equidad en liderazgo requiere “un enfoque
interdisciplinario que combine educación, formación y cambios estructurales
organizacionales”. Complementariamente, desde una perspectiva macroeconómica
crítica sobre las políticas financieras internacionales, Bohoslavsky y Rulli
(2020) advierten que, los Estados han financiado la respuesta a la pandemia
mediante déficit fiscal, emisión monetaria y endeudamiento. “Si bien las IFIs
han otorgado alivio y créditos de emergencia, estas medidas podrían incrementar
el sobreendeudamiento”. En consecuencia, “se profundiza la vulnerabilidad
frente a presiones de acreedores multilaterales” (Bohoslavsky y Rulli 2020, 11).
Mientras que Chikwe et al. (2024)
subrayan que el estudio comparativo evidencia el valor de las estrategias
comunitarias para promover la igualdad de género, y que estas deben reforzarse
dentro de las iniciativas globales orientadas a la inclusión socioeconómica y
al fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres” (Chikwe et al. 2024, 118),
desde una perspectiva más estructural Grabel (2025) amplía la discusión al
señalar que la gobernanza macroeconómica global presenta serias deficiencias
que se profundizaron con la crisis del COVID-19, lo que evidencia la urgencia
de transformaciones estructurales.
A pesar de este amplio desarrollo
teórico, normativo y empírico, persiste un vacío analítico en la articulación
entre inclusión financiera, gobernanza cooperativa y resistencias feministas en
el contexto específico del cooperativismo ecuatoriano. En particular, no se ha
profundizado suficientemente en cómo se configuran las dinámicas reales de
acceso al crédito, la distribución del poder en la gobernanza cooperativa y su
relación con las agendas feministas regionales. En este contexto, el presente
estudio combina datos estadísticos sobre captaciones, colocaciones crediticias
desagregadas por sexo y composición de género en órganos de gobierno entre 2020
y 2025, con aportes teóricos desde la economía feminista y las resistencias
feministas latinoamericanas. A partir de una metodología mixta que incluye
entrevistas a mujeres lideresas e informantes institucionales, se busca
responder: (1) ¿qué patrones de inclusión o exclusión se configuran en el
acceso al crédito cooperativo?; (2) ¿cómo se distribuye el poder en la
gobernanza cooperativa y qué barreras enfrentan las mujeres?; y (3) ¿en qué
medida estas prácticas convergen o tensionan las agendas feministas regionales?
De este modo, al articular el caso
ecuatoriano con debates comparados europeos y latinoamericanos, este estudio
contribuye a discutir los alcances del cooperativismo como dispositivo de
inclusión financiera y como posible espacio de politicidad feminista frente a
crisis múltiples. En consecuencia, se propone comprender cómo las luchas
feministas latinoamericanas no solo cuestionan jerarquías tradicionales, sino
también las lógicas dominantes de la arquitectura financiera global, abriendo
así posibilidades para modelos más equitativos que fortalezcan tanto a las
mujeres como a sus comunidades.
Material y métodos
El presente estudio adopta un
diseño metodológico mixto, orientado a aprehender la complejidad de la
inclusión financiera y la gobernanza con perspectiva de género en el
cooperativismo de ahorro y crédito ecuatoriano. Este enfoque permite una
triangulación sinérgica al combinar el análisis estadístico de datos
secundarios oficiales con la riqueza narrativa de la indagación cualitativa. La
dimensión cuantitativa se fundamenta en el procesamiento de información
provista por el organismo de control (SEPS) para el periodo 2020-2025. El
análisis abarca variables críticas como captaciones, colocaciones, perfiles de
riesgo crediticio y niveles de educación financiera, desagregadas por sexo.
Asimismo, se examina la composición de los órganos de gobierno, evaluando
variables de edad, nivel educativo, cargo y género, con el fin de mapear las
asimetrías existentes en la toma de decisiones. Para complementar esta base
empírica, la dimensión cualitativa integra entrevistas semiestructuradas a
lideresas y referentes institucionales, junto con un análisis crítico de
literatura especializada y debates académicos recientes. Este componente es
fundamental para captar las experiencias, percepciones y resistencias
feministas, permitiendo interpretar no solo la brecha estadística, sino también
las barreras simbólicas y estructurales que limitan la participación plena de
las mujeres en los espacios de decisión cooperativa.
Análisis y resultados
Brecha de Género en Inclusión
financiera: Ahorro
Los datos de la figura 1. evidencian
una aparente paradoja: las mujeres lideran las captaciones en casi todos los
niveles educativos y rangos etarios, pero enfrentan desventajas estructurales
en el acceso y uso de servicios financieros formales. En el análisis por nivel
educativo, la sobrerrepresentación femenina en el grupo sin instrucción (76,5%
frente a 23,5%) no debe interpretarse como mayor inclusión, sino como reflejo
de estrategias de gestión del hogar y administración de recursos en contextos
de vulnerabilidad. A medida que aumenta el nivel educativo, la brecha se reduce
—primaria (48,6% mujeres vs. 51,4% hombres), secundaria (53,9% vs. 46,1%) y
superior (51,5% vs. 48,5%)— lo que sugiere que la educación actúa como un
factor de convergencia en el comportamiento financiero, aunque no elimina
completamente las desigualdades.
Por su parte, el análisis por edad
muestra que las mujeres concentran el 72,3% de las captaciones en el grupo de
18–29 años frente al 27,7% de los hombres, mientras que en los rangos de 30–39
y 40–49 años existe paridad (50% cada uno). En los grupos de mayor edad, las
mujeres mantienen una ligera ventaja: 52,9% en 50–65 años y 53,5% en mayores de
65 años. Este patrón sugiere que el ciclo de vida incide en la relación con el
sistema financiero, donde las mujeres, especialmente en etapas tempranas y
tardías, asumen un rol más activo en la gestión de recursos, posiblemente
vinculado a responsabilidades familiares, transferencias sociales o estrategias
de subsistencia.
No obstante, al conectar estos
hallazgos con la evidencia empírica regional, se identifica una tensión
estructural. Como señalan Mier y Ruales (2025), “ser mujer reduce la
probabilidad de tener una cuenta de transacciones en 3,78 pp, una tarjeta
débito en 4,59 pp, una tarjeta de crédito en 1,80 pp, usar tarjeta débito en
3,79 pp, usar tarjeta de crédito en 1,22 pp, tener ahorro formal en 2,64 pp y
un préstamo formal en 0,922 pp, evidenciando que la discriminación es mayor en
la etapa de acceso que en la de uso de los servicios” (Mier y Ruales 2025, 28).
Esta evidencia sugiere que, aunque las mujeres aparecen como protagonistas en
las captaciones, su participación podría concentrarse en productos de bajo
umbral o en mecanismos que no implican una inclusión financiera plena.
En esta misma línea, Kazemikhasragh
y Buoni sostienen que “la inclusión financiera y la educación contribuyen al
desarrollo y crecimiento económico de un país, a pesar de los esfuerzos para
aumentar el acceso de las mujeres a productos financieros, un alto porcentaje
aún no tiene acceso ni uso efectivo de servicios financieros formales en
América Latina y el Caribe” (Kazemikhasragh y Marianna Buoni 2022, 1785). A
nivel global, esta brecha se refleja en que aproximadamente el 74 % de las
mujeres posee una cuenta financiera frente al 78 % de los hombres, diferencia
que se amplía en el ahorro formal, donde solo cerca del 40 % de las mujeres
ahorra en instituciones financieras frente al 50 % de los hombres, evidenciando
una brecha cercana a los 10 puntos porcentuales (Banco Mundial 2022)
Estos resultados permiten afirmar
que la mayor participación femenina en captaciones no contradice la existencia
de desigualdades de género, sino que la complejiza. Factores estructurales como
menores ingresos, mayor informalidad laboral y una carga desproporcionada de
trabajo de cuidados no remunerado limitan la capacidad de las mujeres para
acceder, sostener y beneficiarse plenamente de los servicios financieros
formales. Así, el análisis debe trascender la dimensión cuantitativa de la
participación y centrarse en la calidad, profundidad y sostenibilidad de la
inclusión financiera.
Figura 1. Inclusión financiera y
brecha de género en el SFPS
Este hallazgo se refuerza con evidencia comparada que muestra la persistencia de desigualdades en el sistema crediticio. Un estudio de CAF, la Universidad de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero de Chile revela que las mujeres tienen un 14,8% menos de probabilidades de acceder a créditos de consumo con perfiles idénticos a los de los hombres, mientras que la aprobación masculina puede ser hasta 56% mayor. Asimismo, se estima que las mujeres dejan de percibir cerca del 9,9% de los beneficios potenciales por créditos no aprobados, lo que confirma la existencia de sesgos de género en la evaluación crediticia y en la toma de decisiones financieras
En este sentido, como advierte Guerra (2026, entrevista), “decir que los sistemas de evaluación son completamente neutros sería desconocer la realidad”, ya que, aunque se basan en variables objetivas, “responden a dinámicas históricas” que no reflejan las condiciones actuales de las mujeres. Factores como la informalidad, la menor titularidad de activos o trayectorias crediticias intermitentes generan sesgos indirectos. No obstante, también señala avances como “modelos alternativos de evaluación”, flexibilización de garantías y uso de información no tradicional, aunque el desafío sigue siendo incorporar una verdadera lectura de género en su diseño.
En esta misma línea, Llerena (2026, entrevista) refuerza que “todavía hay diferencias en los montos colocados en crédito”, señalando que las mujeres continúan recibiendo menores recursos debido a factores estructurales. Entre estos, destaca que “generalmente los bienes están a nombre de los hombres”, lo que limita el acceso a garantías y condiciona la evaluación crediticia. Asimismo, enfatiza que “es un tema estructural que hay que modificar”, ya que las desigualdades en educación, ingresos y trabajo no remunerado se reflejan directamente en el sistema financiero.
En el caso ecuatoriano, según el MPCEIP (2025), el 55,5% de los créditos otorgados a mujeres se destina a actividades no productivas, el 28,6% a capital de trabajo, el 12,4% a activos fijos y el 3,5% a otros fines; mientras que en los hombres el 59,5% corresponde a actividades no productivas, el 24,5% a capital de trabajo, el 13% a activos fijos y el 3% a otros. Estos datos reflejan una participación relevante de las mujeres, aunque todavía condicionada por estructuras económicas que limitan su inserción en actividades de mayor rentabilidad. A nivel territorial, el estudio del sector microempresarial del cantón Quevedo muestra que el 53% de los beneficiarios son mujeres (Vergara 2019, 4), lo que evidencia una presencia significativa en el acceso al microcrédito, aunque no necesariamente en condiciones equitativas. Esto confirma que, si bien el microcrédito actúa como mecanismo de inclusión, su alcance sigue siendo parcial y segmentado.
Desde una perspectiva crítica, esta dinámica se articula con lo planteado por Díaz, Juliana y Rocío Veas (2024,33), quienes señalan que “han ampliado el concepto clásico de trabajo al visibilizar […] las labores de cuidados”, evidenciando que las mujeres sostienen economías invisibilizadas que no siempre son reconocidas por el sistema financiero.
En conjunto, estos elementos permiten sostener que la inclusión financiera es aún incompleta: las mujeres no solo enfrentan menores montos de crédito, sino que también operan en un sistema que, como advierte Guerra (2026), requiere rediseñarse desde su base para incorporar un enfoque de género. Así, más que mejorar el acceso, el desafío radica en transformar las condiciones estructurales que reproducen estas desigualdades.
Brechas sectoriales por Género
La segmentación por género en el
Gráfico 3 evidencia que la paridad en el acceso al crédito solo se alcanza en
sectores históricamente feminizados, como el comercio (50.6%) y la enseñanza
(50%). Sin embargo, esta igualdad aparente se produce en actividades con montos
globales menores, lo que restringe la capacidad de acumulación y expansión
económica de las mujeres. La paridad aquí no representa igualdad sustantiva,
sino la reproducción de roles tradicionales que consolidan patrones de
segmentación laboral y limitan la movilidad social. Se observa además que las
brechas se profundizan en sectores estratégicos y de alto dinamismo económico:
en el empleo privado (41.5%), el empleo público (40.7%) y la agricultura
(46.1%), las mujeres participan de manera significativa, pero siempre en
desventaja frente a los hombres, reflejando techos de cristal y barreras
culturales que condicionan el acceso femenino al capital.
En consecuencia, los sectores
altamente masculinizados concentran las desigualdades más extremas: transporte
(17.1%), construcción (3%) y jubilados (16.3%), evidenciando exclusión
estructural y desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo laboral. La lectura
conjunta de los gráficos confirma que el crédito funciona como un mecanismo de
reproducción de desigualdades sociales y de género. Tal como enfatiza Llerena
(2024, 3), “varios factores, que van desde lo cultural hasta lo económico, han
impedido que la mujer acceda y use de forma igualitaria productos y servicios
financieros”. En la misma línea, Kazemikhasragh y Buoni (2022, 1785) demuestran
que variables como “el nivel educativo, el uso de tecnología y el grado
académico” son determinantes para ampliar el acceso femenino al crédito. Estas
reflexiones permiten comprender que las brechas sectoriales en Ecuador
responden a una doble dimensión: la reproducción de roles tradicionales y
barreras culturales que limitan la movilidad social de las mujeres, y la necesidad
de políticas que integren educación, tecnología e igualdad de género como ejes
para transformar el crédito en un verdadero mecanismo de inclusión.
En consecuencia, los sectores
altamente masculinizados concentran las desigualdades más extremas: transporte
(17.1%), construcción (3%) y jubilados (16.3%), evidenciando exclusión
estructural y desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo laboral. La lectura
conjunta de los gráficos confirma que el crédito funciona como un mecanismo de
reproducción de desigualdades sociales y de género. Tal como enfatiza Llerena
(2024, 3), “varios factores, que van desde lo cultural hasta lo económico, han
impedido que la mujer acceda y use de forma igualitaria productos y servicios
financieros”. En esta misma línea, Kazemikhasragh y Buoni (2022, 1785)
demuestran que variables como “el nivel educativo, el uso de tecnología y el
grado académico durante las restricciones por Covid-19 son determinantes para
ampliar el acceso femenino al crédito”. Complementariamente, Inostroza, Miranda
y Araya (2025) destacan el papel de las cooperativas como alternativas a los
modelos tradicionales de producción, especialmente en contextos rurales e
indígenas donde se configuran formas de trabajo colectivo y resistencia,
mientras que Guessennd (2025, 111) advierte que “las microfinanzas han sido
promovidas como una herramienta para impulsar la inclusión financiera”, aunque
“el empoderamiento económico a largo plazo es desigual”. Estas evidencias
refuerzan la necesidad de enfoques integrales, donde las donde las redes
solidarias y las finanzas comunitarias se consoliden como estrategias clave
para fortalecer la capacidad adaptativa y la organización social y transformar
el crédito en un verdadero mecanismo de inclusión Siguiendo a Kazemikhasragh y
Marianna (2022). “La inclusión financiera y la educación contribuyen al
desarrollo y crecimiento económico de un país”, a pesar de los esfuerzos para
aumentar el acceso de las mujeres a productos financieros, un alto porcentaje
aún no tiene acceso ni uso efectivo de servicios financieros formales en
América Latina y el Caribe (Kazemikhasragh y Marianna 2022, 1785).
Figura 3. Inclusión financiera por
actividad económica
El análisis integrado de los datos conforme a SEPS (2026), evidencia que el sistema de educación financiera alcanza una cobertura total de 647.435 personas, distribuidas en 193 entidades y 613 programas, con la participación de 336 mil hombres y 311 mil mujeres (figura 4). El Segmento 1 concentra la mayor parte de beneficiarios con 503.152 personas en 147 programas, seguido por el Segmento 2 con 68.854 personas en 215 programas y el Segmento 3 con 67.018 personas en 233 programas; mientras que los segmentos de menor escala —Segmento 1 Mutualista (7.877 personas) y Segmento 4 (534 personas)— reflejan una cobertura significativamente reducida. Estas cifras muestran que, aunque existe una amplia oferta institucional, la distribución es desigual, lo que limita la equidad territorial y sectorial.
En diálogo con esta evidencia, el
problema no radica solo en la cobertura, sino en la efectividad de los
programas. Como señala Llerena (2026, entrevista), “no creo que se haya
diferencias entre los programas que hacen las más grandes o las más pequeñas”,
pero, pese a la multiplicidad de iniciativas, “las capacidades financieras y el
bienestar financiero de la población no ha mejorado en los últimos cinco años”,
lo que evidencia limitaciones estructurales. Esto se relaciona con
intervenciones puntuales y poco sostenidas, que dificultan aprendizajes
duraderos. En la misma línea, “los programas tradicionales no tienen un efecto
real […] porque llegan con conceptos básicos que las personas escuchan una
vez”, lo que exige repensar estrategias más integrales (Llerena 2026,
entrevista). A ello se suma que, aunque se ha capacitado a miles de mujeres,
esto no se traduce necesariamente en mayor autonomía económica, pues se
prioriza el uso de productos y la cultura de pago, dejando de lado habilidades
clave como la toma de decisiones, la negociación y la gestión de riesgos
(Guerra 2026, entrevista)
Desde la perspectiva de la gestión
institucional, se reconoce que la educación financiera, por sí sola, no
garantiza resultados si no se acompaña de transformaciones en las relaciones de
poder al interior de los hogares y de las organizaciones. En este sentido, “una
mujer puede tener educación financiera, pero si no tiene control sobre ingresos
o decisiones en su hogar, el impacto es limitado” (Guerra, 2026, entrevista),
lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia enfoques que promuevan la
autonomía económica.
En esa misma línea, estas
limitaciones coinciden con lo planteado por Galindo, De la Varga y Ciruela
(2012), quienes advierten que la ausencia de formación con enfoque de género
desde etapas tempranas restringe el desarrollo de capacidades para una participación
efectiva en la toma de decisiones. Bajo este enfoque, se considera que, si bien
la educación financiera constituye una herramienta relevante dentro del
cooperativismo, su implementación puede reproducir ciertas asimetrías
institucionales y limitaciones en la incorporación del enfoque de género. Por
ello, más que un mecanismo neutral, estos programas deben entenderse como parte
de la gobernanza del sector, en la que se define quién accede al conocimiento
financiero, bajo qué condiciones y con qué impacto real en la reducción de
desigualdades (SEPS, 2025).
Figura 4.
Brechas de género en Gobernanza
La integración de la Figura 4
ofrece una visión reveladora sobre la relación entre género, educación y
liderazgo en el ámbito financiero y organizacional, al evidenciar los espacios
donde las mujeres no solo participan, sino que predominan y sostienen dinámicas
fundamentales dentro de las estructuras institucionales. En la distribución por
nivel de instrucción, ellas concentran el 76.5% en el grupo sin instrucción y
el 53.9% en secundaria, además de superar a los hombres en educación superior
con 51.5% frente a 48.5%. En la distribución por edad, las mujeres lideran en
los extremos generacionales: 72.3% en 18–29 años y 53.5% en mayores de 65,
manteniendo paridad en los grupos intermedios. En la composición directiva por
nivel de instrucción, las mujeres superan a los hombres en educación superior
(2.568 frente a 2.506) y en los tramos de menor instrucción, mientras que los
hombres predominan en secundaria (1.908 frente a 1.562). En la evolución de la
participación directiva (2020–2025), las mujeres incrementan su presencia del
45.1% al 48.5%, mientras los hombres descienden del 54.9% al 51.5%. Finalmente,
en la distribución por cargo, las mujeres predominan como Secretarias (70.4%),
mientras los hombres concentran cargos de mayor jerarquía como Presidente (62.6%)
y Representante Legal (63.7%).
En este sentido, desde la óptica de
la gestión estratégica institucional, estas cifras evidencian que, aunque “el
cooperativismo tiene una base democrática sólida”, persisten brechas
estructurales asociadas a trayectorias históricas y redes de poder (Guerra,
2026, entrevista). En efecto, “no siempre existen mecanismos activos para
promover la participación femenina en la gobernanza”, lo que limita la
consolidación de una representación equitativa. En esta misma linea, el estudio
de Enriquez et al. (2024) evidencia que en el Segmento 1 Cooperativas las
mujeres representan el 8,32% y los hombres el 9,13%, mientras que en el
Segmento 1 Mutualista la participación femenina es apenas del 0,45%. En el
Segmento 2, las mujeres alcanzan el 11,57% frente al 10,18% de los hombres. Los
Segmentos 3, 4 y 5 reflejan mayor paridad: 20,19% vs. 19,85%; 31,28% vs.
31,77%; y 28,19% vs. 27,96%.
En esta línea, Llerena (2026,
entrevista) destaca que “el 80% de las decisiones de consumo las toman las
mujeres”, lo que subraya la importancia de su participación en la toma de
decisiones empresariales. Sin embargo, estas dinámicas confirman que “la exclusión
de la mujer viene de años atrás”, evidenciando que no se trata de una brecha
coyuntural sino estructural (Llerena, 2026, entrevista). En coherencia,
profundiza al señalar que, aunque “parecería que la brecha se ha reducido”, un
análisis más detallado muestra que “el 70% sigue siendo hombres” en cargos de
presidencia, mientras las mujeres se concentran en roles de menor jerarquía.
Además, advierte que “nunca se capacita a los hombres”, lo que evidencia que
las estrategias institucionales no cuestionan las estructuras masculinizadas
del poder. En este sentido, sostiene que “es una brecha cultural que hay que ir
trabajando” (Llerena, 2026, entrevista).
Respecto a los avances en equidad
de género en el sector financiero, el estudio de Deloitte (2024) señala que
solo el 24,8% de los miembros de directorios y el 6% de gerencias generales son
mujeres. En cooperativas, apenas el 37% ocupa presidencias y el 36% la
representación legal, lo que confirma las limitaciones señaladas por Llerena en
cuanto a la persistencia de desigualdades en los espacios de mayor poder.
El estudio de Giove, Díaz y Cruz
(2025) muestra que el empoderamiento es un proceso dinámico que fortalece la
autoconfianza y la participación, aunque persisten barreras estructurales. En
esta línea, se reconoce que “el empoderamiento económico contribuye al
bienestar familiar y comunitario” (Llerena, 2024, 3), pero no garantiza por sí
solo la equidad si no transforma las condiciones estructurales.
Asimismo, Kulkarni y Mishra (2022)
destacan que las mujeres aportan competencias clave como inteligencia
emocional, empatía y liderazgo democrático, lo que fortalece la toma de
decisiones y la cohesión organizacional, generando decisiones “más sostenibles
y alineadas con el territorio” (Guerra, 2026, entrevista). En este marco, el
estudio de Lapierre, Moctezuma y Romualdo (2025) aporta una dimensión clave
para comprender la gobernanza femenina más allá de los espacios formales: las
mujeres sostienen prácticas de cuidado que configuran formas de liderazgo
comunitario, al concebir el cuidado como “un proceso integral que articula
dimensiones culturales, espirituales y sociales” (Lapierre, Moctezuma y
Romualdo (2025, 15). Este tipo de gobernanza, aunque fundamental, se ejerce en
condiciones de desigualdad y limitada incidencia institucional. En este
contexto, se refuerza que “la gobernanza con enfoque de género no es
representación simbólica, sino calidad de decisión” (Guerra, 2026, entrevista).
En síntesis, Galindo, De la Varga y
Ciruela (2012) sostienen que, pese a avances, mujeres e indígenas continúan
subrepresentados en espacios de decisión, lo que exige estrategias integrales.
En resumen, estos resultados sugieren que, si bien la educación financiera
constituye una herramienta relevante dentro del cooperativismo, su
implementación reproduce asimetrías institucionales. Como advierte Llerena,
“necesitamos consejos participativos”, donde hombres y mujeres “coordinen sus
ideas”, lo que refuerza que la equidad no es solo acceso, sino transformación
real de la gobernanza (Llerena, 2026, entrevista).
Figura 4. Gobernanza y brechas de género
en el SFPS ecuatoriano
Conclusión
En
conclusión, el análisis evidencia que el cooperativismo en Ecuador, pese a
contar con “una base democrática sólida”, reproduce tensiones entre la
inclusión y las desigualdades de género. La subrepresentación femenina en la
gobernanza se explica por “trayectorias históricas de liderazgo masculino”, así
como por “redes de influencia… cerradas” y la ausencia de mecanismos que
impulsen su participación (Guerra, 2026, entrevista). En este contexto, “no
siempre existen mecanismos activos para promover la participación femenina”, lo
que limita una representación equitativa (Guerra, 2026, entrevista). Sin
embargo, el enfoque de género no constituye una mera “representación
simbólica”, sino una mejora sustantiva en la calidad institucional, ya que
“cuando las mujeres participan”, las decisiones resultan “más sostenibles, más
prudentes y más alineadas con el territorio” (Guerra, 2026, entrevista).
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Entrevistas
Entrevista a Valeria Llerena, Directora
ejecutiva de la Red Financiera de Desarrollo (RFD), 30 de marzo de 2026
Entrevista a Juan Pablo Guerra,
Gerente General de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur
(UCACSUR), 30 de marzo de 2026
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