El Cooperativismo Financiero en América Latina: Arquitectura Institucional, Penetración de Mercado y el Modelo Ecuatoriano como Referente

El cooperativismo en América Latina ha emergido como una respuesta estructural a las fallas del sistema financiero tradicional y como un mecanismo de resiliencia frente a las crisis económicas recurrentes en la región. Históricamente, el surgimiento de estas organizaciones no fue un evento aislado, sino el resultado de la adopción y adaptación de modelos internacionales que buscaron asegurar la viabilidad socioeconómica de sus miembros (Pardo Martínez & Huertas de Mora, 2017). Esta trayectoria ha estado definida por la búsqueda de una Identidad Cooperativa que equilibre la eficiencia empresarial con valores éticos de autoayuda, democracia e igualdad (Alianza Cooperativa Internacional [ACI], 2015).

Desde sus raíces, el movimiento se ha sustentado en lo que Luis Razeto define como el Factor "C" (compañerismo, comunidad); un mecanismo donde la solidaridad se convierte en una fuerza productiva capaz de gestionar recursos de forma más eficiente que el capital individual en contextos de precariedad (Razeto, 1997). Así, las cooperativas fueron concebidas no solo como entidades de ahorro, sino como instrumentos de "buen gobierno" y democracia económica, donde la diversidad de género y la participación activa actúan como pilares de estabilidad institucional (García Companys, 2024).

La evolución del sector ha estado intrínsecamente ligada al marco jurídico y a la supervisión estatal. Durante las décadas de 1960 y 1970, bajo la influencia de la Recomendación 127 de la OIT, los Estados latinoamericanos impulsaron a las cooperativas como "ejecutoras" del desarrollo nacional (Henry, 2013; Mogrovejo et al., 2012). No obstante, la supervisión ha sido un desafío constante; mientras algunos países optaron por controles administrativos rígidos, otros fomentaron modelos mixtos que resguardan la autonomía del movimiento (Cracogna, 2003). Esta estructura legal ha sido vital para diferenciar a la cooperativa de la empresa de capital tradicional, posicionándola como una forma empresarial "crítica" que prioriza la reproducción de la vida sobre el lucro, alineándose con la visión de una economía sustantiva (Campos-i-Climent, 2016; Coraggio, 2013).

En el contexto actual, el cooperativismo se ha integrado en el concepto de Economía Popular y Solidaria (EPS). En países como Ecuador, este modelo experimentó un hito tras la reforma constitucional de 2008, transformándose en un motor para reducir la desigualdad mediante una institucionalidad especializada (Jácome et al., 2023; León Serrano et al., 2023). A pesar de enfrentar la volatilidad macroeconómica y las crisis de las anclas cambiarias (Nazmi, 2000), las cooperativas de servicios financieros han demostrado mayor estabilidad y menor riesgo sistémico que la banca comercial (Buendía et al., 2012).

El el mecanismo impulsor del siglo XXI es la digitalización, arma competitiva fundamental para evitar la exclusión financiera (Economía Social y Digitalización, 2018). Este avance debe ir acompañado de un fortalecimiento en la educación financiera, especialmente en zonas rurales y grupos vulnerables, para garantizar que la inclusión sea efectiva y equitativa en comparación con los estándares globales (Meza & Guachamín, 2022; Orazi et al., 2019; SEPS, 2013).

Análisis Técnico de la Estructura y Penetración del Cooperativismo Financiero en América latina

La dinámica del sector de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) en la región no es uniforme; responde a lo que Buendía et al. (2012) definen como diferentes "formas de institucionalización". Al analizar las variables de activos, participación en el Sistema Financiero Nacional (SFN) y activos per cápita, se identifican tres niveles de profundidad sistéma.

Estructura y Penetración del Cooperativismo en América latina

Nota: Elaboración propia a partir de Durán, Á. (2024). Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina. DGRV, San José, Costa Rica.

1. Países de Alta Profundidad y Relevancia Sistémica: Ecuador y Brasil

Ecuador representa el caso más disruptivo de la región. Con un CAC % SFN del 27,87%, el sector cooperativo no es un actor periférico, sino un pilar de la estabilidad nacional. Este fenómeno se explica por el mecanismo de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que, tras la reforma de 2008, priorizó al ser humano sobre el capital (León Serrano et al., 2023). Su CAC per cápita de 1.274 USD es el segundo más alto, lo que demuestra una penetración capilar profunda en la economía doméstica.

Brasil, por su parte, domina la escala absoluta. Posee el 57,40% del total de activos de las CAC en América Latina, lo que refleja una capacidad operativa masiva. Sin embargo, su participación en el SFN es del 4,03%, lo que indica que, a pesar de su gigantismo, compite en un mercado bancario altamente concentrado donde el modelo cooperativo aún tiene espacio de expansión frente a la banca tradicional.

2. Modelos de Consolidación Intermedia: Costa Rica y El Salvador

En Centroamérica, Costa Rica destaca con el mayor CAC per cápita (1.361 USD) de la muestra. Este dato es revelador: indica que, aunque su población es pequeña (5,5 millones), el valor que el ciudadano promedio deposita en el sistema cooperativo es superior al de cualquier otro país. Esto sugiere una institucionalidad robusta y una confianza ciudadana elevada, apoyada en marcos legales de fomento como el de INFOCOOP (Correa, 2022). El Salvador, con un 14,97% del SFN, muestra una dependencia crítica del sector para la inclusión financiera, actuando como un mecanismo de resiliencia ante la exclusión bancaria.

3. Países con Desafíos de Penetración: México, Chile y Colombia

Los casos de México (2,17% SFN) y Chile (0,83% SFN) presentan una paradoja. Si bien son economías grandes, el cooperativismo financiero tiene una participación marginal. En Chile, la supervisión bajo la CMF tiende a aplicar estándares bancarios que pueden limitar la naturaleza asociativa del sector (Jácome et al., 2023). En México, el sector es diverso pero fragmentado, enfrentando retos de supervisión que han impedido una consolidación similar a la ecuatoriana (Mogrovejo et al., 2012).

Análisis de Rankings y Dinámicas de Participación

Al observar el ranking de activos, la jerarquía regional está encabezada por Brasil (104.024 mill. USD), seguido a gran distancia por Ecuador (23.704 mill. USD). Esta brecha pone de manifiesto dos mecanismos de crecimiento distintos: el brasileño, impulsado por redes masivas como Sicredi o Sicoob que aprovechan economías de escala y digitalización (Economía Social y Digitalización, 2018), y el ecuatoriano, impulsado por una base social robusta y una legislación que protege el "Factor C" de solidaridad comunitaria (Razeto, 1997).

Colombia (4.947 mill. USD) y Guatemala (3.828 mill. USD) muestran participaciones moderadas en el SFN (2,45% y 5,59% respectivamente). En Colombia, la influencia de modelos internacionales ha permitido una estabilidad técnica, pero la crisis financiera de finales de los 90 aún marca la cautela regulatoria de la Supersolidaria (Pardo Martínez & Huertas de Mora, 2017). Por otro lado, Paraguay (11,31% SFN) demuestra que en países con economías agroexportadoras, la cooperativa es el motor principal del crédito productivo, superando en relevancia relativa a economías mucho más grandes como la mexicana.

Tabla 1. Estructura del cooperativismo de América Latina

Nota: Elaboración propia a partir de Durán, Á. (2024). Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina. DGRV, San José, Costa Rica.

El análisis del CAC % SFC-LA (participación en el total del sector cooperativo regional) confirma una concentración extrema: Brasil y Ecuador acumulan el 70,48% del músculo financiero cooperativo de toda América Latina. Esta concentración sugiere que el éxito del modelo cooperativo no depende únicamente del tamaño de la economía nacional, sino de la combinación de un marco legal especializado, una supervisión diferenciada (como la SEPS en Ecuador) y la capacidad de las organizaciones para movilizar el ahorro interno hacia la inversión social (Aymar, 2024; Jácome et al., 2023).

Marco Legal e Institucionalidad del Cooperativismo y ESS en América Latina

La diversidad de enfoques legales en la región refleja la evolución desde leyes sectoriales hasta marcos integradores de la Economía Social y Solidaria (ESS).

País Marco Legal Principal Institucionalidad de Fomento / Rectoría Organismo de Supervisión y Control

Argentina Ley 20.337 de Cooperativas (1973); Ley 20.321 de Mutualidades; Código Civil y Comercial 26.994 (2014). No existe ley marco ESS nacional INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) INAES (promoción y fiscalización)

Brasil Ley 5.764 (1971); Ley Complementaria 130 (2009, cooperativas de crédito); Ley 12.690 (2012); Ley 13.019 (2014) Sescoop (Servicio Nacional de Aprendizaje del Cooperativismo); Ministerio de Trabajo; OCB/UNICOPAS Banco Central de Brasil (cooperativas de crédito); organismos sectoriales

Chile Ley General de Cooperativas (DFL 5, 2003; reformada en 2015); Ley 20.881 (2016) DAES (División de Asociatividad y Cooperativas, Ministerio de Economía) DAES; CMF (Comisión para el Mercado Financiero, en casos específicos)

Colombia Ley 79 (1988, cooperativas); Ley 454 (1998, economía solidaria); régimen tributario especial DL 624 (1989) Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Supersolidaria (Superintendencia de la Economía Solidaria)

Costa Rica Ley 4179 (1968, cooperativas); Ley 6970 (1984, solidaristas); Ley 7407 (1994, asociaciones solidaristas de ahorro y préstamo); decretos 39089 y 39835 (2015–2016) INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo); Consejo Presidencial ESS INFOCOOP; Cenecoop; Sugef (supervisión de crédito)

Ecuador LOEPS (2011, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria); COMF (2014, Código Orgánico Monetario y Financiero) IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria); CONAFIPS (finanzas de segundo piso) SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria); COSEDE (protección de depósitos)

México LGSC (1994, Ley General de Sociedades Cooperativas); Ley del Ahorro y Crédito Popular (2001); LRASCAP (2009); Ley ESS (2012); Ley Agraria (1992) INAES (Instituto Nacional de Economía Social); Secretarías de Estado (Bienestar/Economía) CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ahorro y préstamo)

Uruguay Ley 18.407 (2008, Sistema Cooperativo); Ley 19.848 (2019, ESS); Ley 17.163 (1999, fundaciones) INACOOP (Instituto Nacional del Cooperativismo) INACOOP; Auditoría Interna de la Nación (AIN)

País	Marco Legal Principal	Institucionalidad de Fomento / Rectoría	Organismo de Supervisión y Control
Argentina	Ley 20.337 de Cooperativas (1973); Ley 20.321 de Mutualidades; Código Civil y Comercial 26.994 (2014). No existe ley marco ESS nacional	INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)	INAES (promoción y fiscalización)
Brasil	Ley 5.764 (1971); Ley Complementaria 130 (2009, cooperativas de crédito); Ley 12.690 (2012); Ley 13.019 (2014)	Sescoop (Servicio Nacional de Aprendizaje del Cooperativismo); Ministerio de Trabajo; OCB/UNICOPAS	Banco Central de Brasil (cooperativas de crédito); organismos sectoriales
Chile	Ley General de Cooperativas (DFL 5, 2003; reformada en 2015); Ley 20.881 (2016)	DAES (División de Asociatividad y Cooperativas, Ministerio de Economía)	DAES; CMF (Comisión para el Mercado Financiero, en casos específicos)
Colombia	Ley 79 (1988, cooperativas); Ley 454 (1998, economía solidaria); régimen tributario especial DL 624 (1989)	Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	Supersolidaria (Superintendencia de la Economía Solidaria)
Costa Rica	Ley 4179 (1968, cooperativas); Ley 6970 (1984, solidaristas); Ley 7407 (1994, asociaciones solidaristas de ahorro y préstamo); decretos 39089 y 39835 (2015–2016)	INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo); Consejo Presidencial ESS	INFOCOOP; Cenecoop; Sugef (supervisión de crédito)
Ecuador	LOEPS (2011, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria); COMF (2014, Código Orgánico Monetario y Financiero)	IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria); CONAFIPS (finanzas de segundo piso)	SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria); COSEDE (protección de depósitos)
México	LGSC (1994, Ley General de Sociedades Cooperativas); Ley del Ahorro y Crédito Popular (2001); LRASCAP (2009); Ley ESS (2012); Ley Agraria (1992)	INAES (Instituto Nacional de Economía Social); Secretarías de Estado (Bienestar/Economía)	CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ahorro y préstamo)
Uruguay	Ley 18.407 (2008, Sistema Cooperativo); Ley 19.848 (2019, ESS); Ley 17.163 (1999, fundaciones)	INACOOP (Instituto Nacional del Cooperativismo)	INACOOP; Auditoría Interna de la Nación (AIN)

Nota: Elaboración propia a partir de Durán (2024), Cracogna (2003) y Jácome et al. (2023). La estructura institucional reflejada en este cuadro evidencia la transición desde legislaciones cooperativas "clásicas" (enfocadas en el control administrativo) hacia marcos de Economía Social y Solidaria (ESS) más complejos y diferenciados.

Se observan tres tendencias regulatorias en la región:

1. Supervisión Especializada (Caso Ecuador): Donde existe una superintendencia única (SEPS) para el sector, permitiendo una regulación proporcional que distingue a las cooperativas de la banca tradicional.

2. Supervisión Bancaria (Casos Brasil, México, Chile): Donde las cooperativas de ahorro y crédito, debido a su peso sistémico, son supervisadas por los Bancos Centrales o Comisiones de Valores, priorizando la estabilidad financiera.

3. Modelos de Autogestión y Fomento (Casos Argentina, Uruguay): Donde los institutos (INAES, INACOOP) combinan funciones de promoción y fiscalización, manteniendo un enfoque más doctrinario y asociativo.

De acuerdo con Correa (2022), existe una marcada tendencia regional hacia la especialización institucional. Países como Ecuador han marcado un hito con la creación de la SEPS, que representa un modelo de supervisión técnica diferenciada, separando a las cooperativas de la lógica bancaria tradicional para respetar su naturaleza social (Aymar, 2024; Jácome et al., 2023).

En contraste, el análisis destaca que mientras Ecuador y Colombia poseen marcos legales que integran la "Economía Social y Solidaria" (ESS) de forma transversal, países como Brasil y Chile mantienen un enfoque más sectorial y fragmentado. En estos últimos, la supervisión de las cooperativas financieras recae frecuentemente en los Bancos Centrales, lo que prioriza la estabilidad sistémica y el control de riesgos sobre los principios doctrinarios del movimiento (Buendía et al., 2012; Nazmi, 2000).

El éxito de modelos como el de Uruguay demuestra que la autonomía de gestión y la educación financiera son claves para la sostenibilidad (Meza & Guachamín, 2022; Orazi et al., 2019). El gran reto del siglo XXI para estas instituciones es la digitalización, que debe ser adoptada no solo como una mejora técnica, sino como un mecanismo para evitar la exclusión en la nueva economía globalizada (Economía Social y Digitalización, 2018; SEPS, 2013).

Referencias bibliograficas:

Alianza Cooperativa Internacional [ACI]. (2015). Notas de orientación para los principios cooperativos.

Aymar Jiménez, P. E. (2024). La supervisión estatal en las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas, periodo 2012-2019: una lectura sociológica (Tesis de Maestría). FLACSO Ecuador.

Buendía, I., Redjah, Y., & Tremblay, B. (2012). Las cooperativas de servicios financieros en el continente americano. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa.

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García Companys, A. (2024). La diversidad de género como instrumento de buen gobierno en las cooperativas. CIRIEC-España.

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León Serrano, L. A., Bustos Carpio, G. E., & Pardo Asanza, F. A. (2023). Evolución de la Economía Popular y Solidaria y su impacto en el desarrollo del Ecuador. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación.

Meza, A., & Guachamín, M. (2022). Determinantes que impulsan la educación financiera en Ecuador. Cuestiones Económicas.

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